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|  | | | | Junta, empresarios y sindicatos se comprometen a impulsar el Sistema de Atención a la Dependencia | | 20/12/2007 |  | | | La consejera para la Igualdad y Bienestar Social firma un acuerdo marco con la CEA y las centrales CCOO y UGT
La consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, ha firmado un acuerdo marco con el vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier Ciézar, y los secretarios generales regionales de los sindicatos CCOO y UGT, Francisco Carbonero y Manuel Pastrana, respectivamente, para el desarrollo de la prevención y atención a la dependencia en esta Comunidad Autónoma.
En virtud de este acuerdo, las partes firmantes se comprometen a impulsar un Sistema Público de prevención y atención a las personas en situación de dependencia, basado en la planificación, evaluación y control de sus prestaciones y servicios. Con tal fin, se establece el desarrollo de un sistema preferente de prestación de servicios a través de una red conformada por servicios y centros públicos y concertados.
Asimismo, el acuerdo marco prevé que se impulsen los mecanismos de coordinación entre las administraciones públicas, así como la coordinación intersectorial, con el fin de garantizar la eficacia y eficiencia del Sistema de la Dependencia.
Otro punto destacado de este acuerdo marco es el que se refiere a la profesionalización de los servicios, mediante la determinación de las cualificaciones profesionales más idóneas para el ejercicio de las funciones que se correspondan con el catálogo de servicios incluidos en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. En esta línea, se promoverán planes y acciones formativas para responder a las necesidades de la puesta en marcha de este Sistema.
Los firmantes acuerdan igualmente el desarrollo de la Agencia para la Atención a la Dependencia en Andalucía, cuyos estatutos serán objeto de negociación con los agentes sociales que han suscrito este acuerdo. Por su parte, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social determinará las condiciones para la acreditación de los centros y servicios privados no concertados que atiendan a personas en situación de dependencia, previendo los medios económicos para el acceso a estos recursos cuando no sea posible la atención en la red pública y concertada.
Tanto la consejera como los responsables de los empresarios y de los sindicatos calificaron de "trascendental" e "importantísimo" la firma de este acuerdo. Micaela Navarro ha resaltado el impulso que se da al carácter público de este sistema y las garantías que establece para que las personas en situación de dependencia reciban una atención eficiente y de calidad.
La consejera para la Igualdad y Bienestar Social ha señalado al respecto que la Junta de Andalucía ha invertido ya más de 203 millones de euros entre los años 2005 y 2007 para que la nueva ley se pueda implantar en la Comunidad Autónoma andaluza con las máximas garantías y los servicios y prestaciones recogidas en la norma dispongan de todos los medios necesarios. Esta inversión ha permitido, entre otras medidas, la contratación de más de 1.300 profesionales sólo para dotar la estructura de personal que se encarga de la puesta en marcha del Sistema de la Dependencia en Andalucía.
Además, Micaela Navarro ha recordado la aportación económica que está haciendo la Junta de Andalucía a los ayuntamientos para que el nuevo sistema de atención no suponga una carga para ellos, la última de ellas los 15 millones de euros que les ha adelantado a los municipios de más de 20.000 habitantes y a las diputaciones provinciales para financiar el servicio de Ayuda a Domicilio que se presta a las personas en situación de dependencia, una de las prestaciones incluidas en la ley.
Según los últimos datos, a fecha del pasado 14 de diciembre, en toda Andalucía se han presentado más de 78.000 solicitudes, el 60% de las cuales ya cuentan con un dictamen de valoración. La consejera ha resaltado que de todas las prestaciones reconocidas no llegan al 10% las ayudas económicas directas que se han concedido, puesto que se prima la atención a las personas en situación de dependencia desde el sistema público y concertado, integrado por residencias, unidades de estancia diurna, teleasistencia y servicio de Ayuda a Domicilio, fundamentalmente.
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